Marta de Mingo, colaboradora del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
El pasado martes 10 de junio, la Unión Europea lanzó el 18º paquete de sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania y la negativa a aceptar un cese del fuego. En este nuevo paquete de sanciones, incluye la idea de un límite al precio del petróleo, más golpes a la flota utilizada para eludir medidas anteriores y mayores restricciones a la actividad del sector bancario.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al lanzar la propuesta, manifestó que el mensaje de la Unión Europea es muy claro: esta guerra debe terminar. Además, destacó que se está aumentando la presión sobre Rusia “porque la fuerza es el único lenguaje que Rusia entiende”.
La nueva batería de sanciones introduce nuevas restricciones en los ámbitos de la economía y la energía. Entre las medidas adoptadas se encuentra la adopción de un límite al precio del petróleo, de sesenta dólares a cuarenta y cinco por barril. Esta idea ya había sido lanzada por el G7 para limitar el ingreso de dinero en Rusia por sus exportaciones de crudo. A su vez, también propone incluir en la lista de sanciones a unos setenta buques adicionales, parte de la denominada “flota fantasma”.
En el ámbito económico, se ha prohibido a las empresas de la UE realizar negocios con treinta entidades financieras vinculadas a la industria militar rusa o implicadas en la evasión de sanciones, en especial aquellas relacionadas con bienes de doble uso (civil y militar). Además, se ha ampliado la lista de sancionados con 75 personas y empresas vinculadas directamente a la maquinaría bélica rusa, cuyas actividades incluyen la producción y distribución de bienes que sostienen el esfuerzo militar de Moscú. Estas sanciones implican la congelación de activos en territorio europeo y la prohibición de entrada en los países de la UE.
Dentro del ámbito energético, la Comisión Europea ha dado a conocer el plan REPowerEU, una estrategia destinada a reducir de manera ordenada y conjunta la dependencia de la Unión Europea respecto a los combustibles fósiles provenientes de Rusia, incluyendo el petróleo, el gas y la energía nuclear. Esta iniciativa contempla una retirada paulatina de las importaciones energéticas rusas, priorizando la estabilidad del abastecimiento y procurando que los precios no se vean afectados de forma significativa. Como parte de este enfoque, se solicita a los países miembros que, antes de que termine el año, presenten propuestas nacionales en las que especifiquen sus aportes al proceso de transición energética.
En lo que respecta al sector gasífero, la Comisión Europea tiene previsto introducir en junio una serie de acciones orientadas a reforzar la claridad, el control y la identificación del gas ruso comercializado en Europa. Entre las nuevas disposiciones se encuentra la prohibición de firmar contratos adicionales con compañías rusas, tanto para el suministro de gas por tuberías como para el gas natural licuado. Asimismo, se contempla la cancelación de los acuerdos vigentes antes de que finalice 2025. El objetivo final es que, para el año 2027, se haya eliminado por completo la compra de gas ruso en el mercado europeo.
Por su parte, la Alta Representante Kaja Kallas expresó que Rusia “miente” con relación a las posibilidades de un cese del fuego. Además, enfatizó que si nos aliamos con los Estados Unidos, realmente si se podría obligar a Putin a negociar seriamente.
En definitiva, el 18º paquete de sanciones de la Unión Europea refuerza su compromiso de presionar a Rusia mediante restricciones severas en los sectores energético y financiero, con el objetivo de debilitar la capacidad de Moscú para financiar la guerra en Ucrania.
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