3º BOLETÍN INFORMATIVO «EUROPA SE MUEVE» 26/11.
La UE reafirma su compromiso con Ucrania y el futuro del gobierno europeo se va definiendo
AVISO A NAVEGANTES EUROPEOS: ESPESA NIEBLA ENTRE BRUSELAS Y ESTRASBURGO
Bruselas-Estrasburgo, 27 de noviembre de 2024
Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Movimiento Europeo Italiano
Mientras escribimos desde Bruselas, seguimos sin saber cómo acabará entre Bruselas y Estrasburgo la saga de la formación y entrada en funciones de la nueva Comisión Europea, que no es el «Gobierno» de la Unión Europea, pero que hace tiempo que dejó de ser un mero órgano técnico, como algunos la califican, ignorando sus crecientes funciones políticas.
Si la nueva Comisión Europea toma posesión el 1 de diciembre, habrán transcurrido seis meses desde las elecciones europeas que tuvieron lugar a principios de junio, un tiempo de formación que no difiere mucho de los largos tiempos de negociación que caracterizan la formación de Gobiernos en algunos países con sistemas multipartidistas como Bélgica, los Países Bajos, pero también Alemania Federal.
Para quienes no estén familiarizados con los complejos procedimientos europeos, conviene recordar que la formación de la Comisión Europea se lleva a cabo a través de no menos de nueve etapas en las que intervienen los partidos europeos (1), los votantes (2), el Consejo Europeo (3), el Parlamento Europeo (4), los Gobiernos nacionales (5), el Consejo de la Unión (6) las comisiones parlamentarias (7), de nuevo el Parlamento Europeo (8) y, por último, de nuevo el Consejo Europeo (9) con un mosaico de mayorías que van desde la mayoría simple de los votantes en el Parlamento Europeo hasta las mayorías cualificadas en el Consejo Europeo, pasando por una mayoría de 2/3 para aprobar o rechazar a un candidato-comisario en una comisión parlamentaria.
La saga comienza con el nombramiento de los «principales candidatos», es decir, los Spitzenkandidaten según la fórmula inventada en 2013 por el socialdemócrata alemán Martin Schulz con la esperanza no tan secreta de poder hacerse con el puesto de Presidente de la Comisión Europea arrebatándoselo a los PPE mediante un método no previsto en los tratados, no integrado en los procedimientos electorales europeos exclusivamente nacionales y no compartido por el Consejo Europeo.
Tras las elecciones europeas de 2014, el Consejo Europeo, actuando por primera vez sobre la base del Tratado de Lisboa que entró en vigor en diciembre de 2009, designó al luxemburgués Jean-Claude Juncker como Spitzenkandidat por el PPE, que fue elegido con una amplia mayoría pro-europea por el Parlamento Europeo y que tomó posesión con su propia Comisión el 1 de noviembre de 2014.
En 2019 el Consejo Europeo no aceptó la elección del Spitzenkandidaten realizada por los Partidos Europeos y propuso al Parlamento Europeo – a propuesta de Emmanuel Macron y Angela Merkel – a la CDU alemana Ursula von der Leyen cuya Comisión tomó posesión el 1 de diciembre de 2019 con una mayoría denominada «Ursula» que incluía no sólo a PPE, socialistas y liberales sino también a los conservadores polacos del PiS y no a los eurodiputados del Fratelli d’Italia con una votación que dividió al grupo ECR.
En 2024, cuatro partidos europeos (PPE, S&D, Verdes e Izquierda) eligieron a sus Spitzenkandidaten y la elección del Consejo Europeo recayó por mayoría cualificada en Ursula von der Leyen, candidata del PPE sobre la base de una negociación llevada a cabo por los primeros ministros PPE (Donald Tusk y Kyriakos Mitzotakis), socialistas (Olaf Scholz y Pedro Sánchez) y liberales (Emmanuel Macron y Mark Rutte) no en nombre de sus propios Gobiernos sino de sus familias políticas, ya que Giorgia Meloni había anunciado de antemano que actuaría en el Consejo Europeo no en nombre de su Gobierno sino del Partido Europeo ECR que preside actualmente con el objetivo de derrocar la tradicional gran coalición entre PPE y socialistas.
La mayoría «Ursula», con la exclusión del PiS polaco, pero con el apoyo de los Verdes, se consolidó en la elección de Ursula von der Leyen ante el Parlamento Europeo el 18 de julio por mayoría absoluta con una coalición proeuropea ocasional de la que se autoexcluyeron los tres grupos de derecha euro hostiles (Patriotas, Conservadores y Soberanistas) pero también los de izquierda (Left y No Inscritos).
Sobre la base de las sugerencias hechas según el Tratado por los Estados miembros, pero prácticamente por los Gobiernos nacionales y de acuerdo con Ursula von der Leyen, el Consejo de la Unión adoptó por mayoría cualificada (pero de facto sin oposición) la lista de veintiséis «personalidades» que propuso al Parlamento Europeo para su aprobación en la nueva Comisión europea.
Como sabemos, los candidatos a comisarios fueron oídos por las comisiones parlamentarias entre el 4 y el 12 de noviembre en función de las competencias («carteras») que les asignó Ursula von der Leyen en un reparto – que algunos han calificado de «caótico» – negociado en muchos casos con los Gobiernos nacionales.
Con el apoyo de una mayoría parlamentaria de dos tercios en las audiencias de la comisión, diecinueve candidatos han…superado el examen, pero el acuerdo sobre el candidato húngaro Olivér Varhelyi – que debería tener la cartera de salud y bienestar animal – sigue pendiente debido a sus controvertidas posiciones sobre los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.
Sobre todo, quedan pendientes los seis candidatos a la vicepresidencia – llamada ejecutiva-, entre ellos la socialista española Teresa Ribera, cuyo nombramiento y cartera sobre transición medioambiental son impugnados por el PPE, que querría descargar en ella como vicepresidenta del Gobierno español las graves responsabilidades del Gobernador de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón por los graves daños físicos y humanos de la reciente inundación.
Subordinado al nombramiento de Teresa Ribera – que socialistas, verdes y liberales consideran crucial para confirmar la confianza en el conjunto de la Comisión -, el conflicto parlamentario afecta también a la vicepresidencia ejecutiva para Raffaele Fitto, cuya cartera de política de cohesión y reformas regionales, actualmente competencia de la socialista portuguesa Elisa Ferreira, no está sin embargo en cuestión, con la consiguiente ampliación de la mayoría proeuropea «Ursula» al grupo ECR y a los eurodiputados de Fratelli d’Italia, que el 18 de julio rechazaron la confianza en Ursula von der Leyen.
Ante este conflicto a la vez nacional (español pero compartido por el PPE y en particular por su jefe de grupo Manfred Weber que necesita el apoyo del Partido Popular para ser reelegido al frente del PPE, que lleva mucho tiempo trabajando dentro y fuera del PE para construir una coalición europea que no sea ocasional ya bautizada como mayoría «Venezuela» y que también mira este asunto europeo desde una perspectiva alemana con vistas a las elecciones federales del 23 de febrero) y europeo vinculado a la posible confirmación de la mayoría «Ursula», todos los escenarios son posibles y es imposible hacer hoy predicciones sobre lo que ocurrirá en Estrasburgo en la sesión plenaria que comienza el 25 de noviembre.
Independientemente de los escenarios posibles, es importante en cambio que las fuerzas pro-europeas del Parlamento Europeo comiencen a redactar inmediatamente una resolución programática que defina las prioridades de la próxima legislatura 2024-2029.
Al contrario de lo que ocurrió en el pasado, cuando el Parlamento Europeo tomó nota y aprobó el plan de trabajo del Ejecutivo, esta resolución debería evitar que prevalezca un «gatopardismo europeo» entre las instituciones, acompañando y condicionando en cambio el voto de confianza a la próxima Comisión europea sobre las cuestiones de la reforma y la ampliación de la UE, la democracia y el respeto del Estado de Derecho, la reconversión ecológica y la transición digital, el welfare europeo, la autonomía estratégica y la contribución de la Unión Europea a la paz, una política migratoria integradora y acogedora, la cooperación con los países del Sur y un presupuesto plurianual 2028-2032 financiado con recursos propios y deuda pública europea que garantice la inversión en bienes públicos europeos.
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