Ha pasado el día 29 de marzo de 2019 y el Brexit no se ha producido. Ese día se cumplían los dos años desde que el Reino Unido había presentado su notificación de retirada y, por tanto, la fecha en que acababa el plazo dado por el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea y el Reino Unido sigue siendo Estado Miembro de la Unión Europea (UE). A petición de su Primera Ministra Theresa May, dada su incapacidad para obtener la ratificación del Acuerdo de Retirada, el Consejo Europeo acordaba conceder una prórroga hasta el próximo 31 de octubre con la finalidad de evitar el escenario de una salida sin acuerdo.
El Tratado de Retirada, acordado el pasado mes de noviembre, recoge el marco jurídico que regula la salida británica, incluido un periodo transitorio, para hacer más suave la adaptación de los actores económicos y sociales a la nueva situación de Estado tercero. Durante el periodo transitorio, que podría extenderse hasta 2022, el Reino Unido seguiría aplicando el Derecho de la UE y participando en la totalidad de sus políticas, si bien sus representantes no serían parte de los órganos políticos y, por tanto, no tomarían decisiones. Está pensado para permitir que, a lo largo del mismo, pudiera pactarse la nueva relación de asociación y los actores sólo tuvieran que sufrir un único cambio de reglas.
El Tratado de Retirada va acompañado por una Declaración Política que contiene las orientaciones generales para la nueva negociación sobre la asociación futura. Siendo bastante genérica y ambigua, sólo es un punto de partida de alcance político, sin valor jurídico vinculante. En términos económicos recoge un marco de librecomercio junto con cooperación política como posible modelo futuro, ateniéndose a lo propuesto por la Primera Ministra May.
El Brexit ha encallado en la fase nacional de ratificación, evidenciando una profunda brecha tanto entre la clase política como entre la opinión pública, tanto sobre si el Reino Unido debe ser o no miembro de la UE, como sobre qué relación futura debe tener con la UE, en un dilema puramente hamletiano. May ha llevado hasta tres veces la aprobación del Tratado a la Cámara de los Comunes y ha perdido las votaciones estrepitosamente. También se han desarrollado un buen número de “votos indicativos”, en los cuales los diputados plantean sus opciones para el Brexit, no lográndose ningún apoyo significativo para ninguna opción, salvo evitar la salida sin acuerdo. Esto demuestra que no existen mayorías, ni pequeñas, ni grandes, a favor de ningún modelo de Brexit.
La prórroga que se ha concedido a May tiene la finalidad de darle más tiempo para que logre la ratificación del Acuerdo de Retirada. No ha sido sin condiciones, sino con la esperanza de que fructifiquen las negociaciones que están desarrollándose entre Conservadores y Laboristas para consensuar un modelo de Brexit que puedan apoyar ambos partidos en los Comunes. El Reino Unido, además, como continúa siendo Estado Miembro, tiene que celebrar elecciones al Parlamento Europeo, para evitar que esta institución no estuviera válidamente constituida.
El desarrollo de las conversaciones, y cómo están siendo percibidas por políticos y electorado, no permite ser muy optimistas sobre los avances a fecha de hoy. En un preacuerdo filtrado por los medios de comunicación, el Gobierno británico estaría dispuesto a aceptar una Unión Aduanera hasta las próximas elecciones de 2022, siempre y cuando los Laboristas abandonaran su pretensión de someter el acuerdo a un segundo referéndum. Esta fórmula no parece que finalmente pueda desatascar el impasse, dado que no va a ser apoyada por el alto número de Brexiteers conservadores duros de los Comunes, ni tampoco por los partidarios del Remain de los Laboristas. A pesar de la buena voluntad que muestran las conversaciones bilaterales, la brecha es demasiado profunda para resolverse. Se duda de que hubiera una mayoría suficiente para aprobarla y más en la perspectiva de las elecciones al Parlamento Europeo.
Los resultados de las elecciones locales de 2 de mayo han penalizado fuertemente a los Conservadores y algo menos a los Laboristas, los responsables de la crisis política. En cambio, han quedado legitimados los Liberales y Demócratas que defienden la permanencia. Las encuestas al Parlamento Europeo muestran un panorama aún más polarizado y preocupante, con una amplia victoria del nuevo partido del Brexit formado por Farage y apoyos divididos para los Remainers de los Liberales y Demócratas y los Laboristas. Estas perspectivas no permiten ser muy optimistas sobre las posibilidades de que los Comunes apoyen el Tratado, a pesar del compromiso de May de dimitir, y el Brexit pueda producirse con seguridad jurídica.
El Consejo Europeo extendió el periodo de negociación para evitar el daño evidente de una salida sin acuerdo, todavía más atemorizante en vísperas de unas elecciones europeas. Las perspectivas internas británicas siguen haciendo altamente probable la salida desordenada o sin acuerdo. Pero poco más se puede hacer para evitarla desde la arena europea, dado que es asunto de los británicos decidir sobre el mejor futuro para su país.
El Brexit continúa siendo un obstáculo para poder abordar otras cuestiones políticas, como evidencian los magros resultados de la Cumbre de Sibiu del 9 de mayo. Se teme también el efecto que pueden tener sus electos en el nuevo Parlamento Europeo, teniendo en cuenta que los eurodiputados británicos tendrán una agenda radicalmente diferente que el resto de los eurodiputados, y que constituyen un número nada despreciable, casi un 10% del Parlamento. Si el Reino Unido no consigue para otoño encontrar un consenso nacional sobre su futuro en relación a Europa, la UE no puede plantearse otorgar aplazamientos sin límite. Sería una torpeza permitir que la crisis política británica se contagie al conjunto de la Unión.
Este difícil proceso político está evidenciando un gran hartazgo por parte de los europeos. Evidencia que la integración efectivamente alcanzada haga que irse sea mucho más difícil de lo que parece a primera vista. Si la reacción de los líderes europeos desde el día siguiente del referéndum fue proteger, a toda costa, la UE, quizás esto exija en los meses venideros permitir que nos británicos se vayan sin acuerdo aunque sea a un precio inmediatamente alto.
Mercedes Guinea Llorente
Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.
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