La Iniciativa Ciudadana Europea: Luces y sombras tres años después de su entrada en vigor Carlos Uriarte, Presidente Paneuropa Juventud en España

El pasado 31 de marzo, la Comisión Europea adoptó un informe sobre los tres primeros años de aplicación del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea (Reglamento (UE) n° 211/2011, de 16 de febrero), que desarrolla los artículo 11 del TUE apartado 4 y 24.1 del TFUE. Recordemos que dicha herramienta de democracia participativa transnacional entró en vigor el 1 de abril de 2012. Con la misma, se pretende acercar Europa a los ciudadanos y generar nuevos debates transfronterizos europeos. En dichos preceptos, recogidos en el Tratado de Lisboa si una iniciativa ciudadana recoge más de un millón de declaraciones de apoyo, es decir, firmas, en un ámbito en el que la Comisión Europea es competente para proponer legislación, la Comisión debe debatir formalmente la cuestión y publicar una respuesta en forma de Comunicación.

En dicho informe se recoge como unos seis millones de europeos, de los 28 Estados miembros, han apoyado iniciativas ciudadanas europeas haciendo oír su voz ante la Comisión Europea, institución a la que le corresponde el monopolio de generar propuestas legislativas.

En la actualidad dos iniciativas ciudadanas han completado el proceso en su totalidad: “Derecho al agua” y “Uno de nosotros”. Esto, es sin duda, una buena noticia y por ello debemos congratularnos. No obstante, el informe pone de manifiesto que todavía el proceso puede ser mejorado y señala una serie de posibles aspectos a ser debatidos en profundidad por las partes interesadas y las instituciones europeas.

La propia Comisión Europea, en palabras de su Vicepresidente Primero, Frans Timmermans, ha reconocido que: “La Iniciativa Ciudadana Europea es uno de los instrumentos fundamentales para reforzar la confianza en las instituciones europeas y para promover la participación activa de los ciudadanos en la elaboración de las políticas de la UE. Debemos buscar maneras más innovadores de fomentar un uso más frecuente y más eficaz de esta herramienta. Se trata de un instrumento importante y debemos asegurarnos de que se aprovecha plenamente su potencial”.

En un momento como el actual, donde los ciudadanos europeos son extremadamente exigentes con las instituciones democráticas, reclamando mayor transparencia y participación en los procesos de toma de decisiones, la Comisión Europea es consciente que la ICE es un instrumento de participación ciudadana fundamental y consustancial al desarrollo progresivo de la ciudadanía europea.

El informe recoge que, en los últimos tres años, han sido recibidas 51 solicitudes para poner en marcha una iniciativa; de estas 51 solicitudes, 31 corresponden a ámbitos de competencia de la Comisión y fueron registradas (requisito indispensable para su admisión); 3 han alcanzado el millón de firmas; 12 llegaron al final del período de recogida de declaraciones de apoyo sin alcanzar ese límite; 3 continúan a fecha de hoy sumando declaraciones de apoyo y 10 fueron retiradas por los organizadores.

En el mismo, se reconoce que algunos ciudadanos no han podido apoyar iniciativas debido a los requisitos divergentes de los Estados miembros. Así mismo, la creación de sistemas de recogida de firmas en línea ha resultado una dificultad para los organizadores (repercutiendo en ocasiones en el tiempo disponible para la recogida de firmas). En el primer caso, la Comisión Europea ha mantenido un debate constructivo con los Estados miembros interesados en búsqueda de soluciones adoptando medidas para facilitar la solución. En el segundo, la Comisión ha ofrecido a los organizadores soluciones de alojamiento temporal y ha encargado un estudio sobre el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la ICE.

Esperemos que en el siguiente informe, que se llevará acabo como recoge el Reglamento, en tres años (cada tres años), estas dificultades hayan sido superadas y este mecanismo de participación haya sido mucho más utilizado viendo desarrollado plenamente su potencial.

Cómo se podría incentivar el uso de esta herramienta: concediendo al Parlamento Europeo una importancia decisiva en el proceso. A saber: que éste pudiera avalar con carácter vinculante para el ejecutivo comunitario una iniciativa ciudadana haciéndola suya y presentándola ante la Comisión con el doble refuerzo de legitimidad: el millón de firmas más el aval de la Cámara de representación de todos los ciudadanos europeos. Esto sería romper con el monopolio de la iniciativa legislativa por parte de la Comisión. Quizás un precedente para que en un futuro el Parlamento Europeo pudiera asumir más competencias en este sentido.