Europa afronta quizá su última oportunidad para mantener viva la misión de construir una entidad política continental con la capacidad para conducir y regular los mercados globales en beneficio de los ciudadanos, con el diseño de una economía social de mercado bajo el paraguas de un Estado de Bienestar inclusivo. La dura crisis que ha protagonizado la historia reciente de Europa y las egoístas políticas nacionales que se han venido implementando han sido un corrosivo para el alma europeísta y han hecho reflotar los peores instintos de nuestros países. Las últimas elecciones europeas, con victorias en Francia y el Reino Unido de fuerzas euro-hostiles, y la constitución de nuevos grupos parlamentarios en la cámara dispuestos a destruir la democracia europea han sido un golpe para todos los europeístas y suponen, esperemos que sólo, un toque de atención que haga corregir la estrategia de la Unión.
En estos primeros meses de esta nueva legislatura hay algún destello para el optimismo, pero no será fácil reorientar la tendencia de las cosas. Tras el proyecto de unión bancaria, que ha sido clave para estabilizar la crisis financiera, Europa necesita ahora una ambiciosa política fiscal, que se adelante la relanzamiento de una unión social.
Por una parte, Europa como tal debe construir un pilar fiscal propio con capacidad para invertir la enorme liquidez que ahora fluye en los mercados sin fin alguno, ante la ausencia de proyectos empresariales debido a las reducidas previsiones de crecimiento. Se trata, pues, de corregir la ausencia de demanda privada, cohibida ante los riesgos de futuro, y relanzar un proyecto de inversión pública que active el crecimiento económico en la eurozona. El conocido «plan Juncker» viene a cubrir esta necesidad en base a los compromisos adquiridos por el presidente de la Comisión con el Grupo Socialista del Parlamento Europeo. Los socialistas focalizamos nuestra campaña en gran medida en este asunto con el propósito de dar por finiquitada la agenda de los recortes y los ajustes que han protagonizado los últimos años y que sólo han contribuido a deprimir aún la economía de la eurozona.
En todo caso, el plan de inversión propuesto por una cuantía de 315.000 millones de euros a partir de un capital inicial de 21.000 millones, aportados por la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones presenta serios desafíos. En primer lugar, el capital inicial es demasiado reducido para alcanzar el volumen esperado de inversión privada, que en todo caso resulta reducido para el gap de inversión que sufre la Unión Europea. En segunda lugar, este hecho complica a su vez la selección de proyectos a financiar. En la medida que se exige una participación privada muy elevada, se eliminan del conjunto posible de proyectos aquellos con mayores externalidades positivas, donde la apropiación de la rentabilidad resulta más complicada y es exactamente en este tipo de proyectos donde debería ir destinada la financiación. Fundamentalmente estoy pensando en infraestructuras energéticas, de mercancías y digitales, proyectos con un elevado componente de «bien público» que exige una participación pública amplia para su consecución. En todo caso, el plan de inversión deberá pasar por el Parlamento donde los Socialistas trabajaremos para solucionar estos problemas.
Más allá, el Banco Central Europeo deberá lanzar ya un programa de compra de deuda pública en el mercado secundario con carácter selectivo para permitir una buena transmisión de la política monetaria. Sin duda, Europa presenta una elevada liquidez pero esta no se distribuye de manera homogénea en la zona euro, de modo que las pequeñas empresas y los hogares se enfrentan en algunos países, como el nuestro, a tipos de interés muy elevados. Esta medida es ya urgente para permitir a su vez que la nueva política fiscal europea tenga éxito.
Y esta nueva agenda, por la que estamos peleando los Socialistas, debe ir acompañado de una agenda reformista que mejore la cohesión del mercado interior, que permita explotar las potencialidades de una unión económica con más de 500 millones de habitantes, junto al impulso al comercio con el resto del mundo. En este punto resulta vital el desarrollo de las negaciones con Estados Unidos para lanzar un acuerdo comercial y de inversiones que abra las puertas al país norteamericano de nuestras pequeñas y medianas empresas. La negociación debe realizarse con mucha dedicación para garantizar en todo caso los derechos sociales, laborales y medioambientales a ambos lados del Atlántico.
Este programa de gobierno debería permitir recuperar el crecimiento en la Unión y mejorar los pobres de datos de empleo que países como España están sufriendo. Esta vía permitiría mejorar las condiciones sociales de los trabajadores e iniciaría un periodo para recuperar la confianza en Europa y pasar a una segunda fase de integración para el desarrollo de la unión social. Para ello es necesario un compromiso militante por parte de aquellos ciudadanos, como los miembros del Movimiento Europeo, que están convencidos de la necesidad de este proyecto, del proyecto Europeo, para seguir liderando los valores democráticos y sociales en un mundo cada vez más desnortado con la emergencia de países autocráticos que suponen una amenaza para nuestro modelo social y el desarrollo sostenible del mundo.
Jonás Fernández es diputado al Parlamento Europeo, miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Autor de «Una alternativa progresista» (Deusto).
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