El último EUCO celebrado a finales de junio ha dejado un regusto preocupante, alarmante y decepcionante. Tres adjetivos que van dirigidos principalmente al comportamiento de los Estados miembro, pero también al papel de la Comisión, que en los últimos años ha dejado de ser aquella institución activa de principios de los 2000 que ponía propuestas interesantes –abiertas a la discrepancia– encima de la mesa. La cumbre partía con unas expectativas elevadas sobre la gestión migratoria en el ámbito europeo, y a pesar que la mini-cumbre celebrada el fin de semana anterior ya había puesto sobre aviso las dificultades de los gobiernos europeos para alcanzar acuerdos, siempre cabía esperar un poco más. Expectativas incumplidas e inquietudes acentuadas como resumen de un Consejo Europeo que supone una vuelta sobre lo mismo que no permite avanzar.
Preocupante, porque la cuestión migratoria se limita a vincularse a cuestiones de seguridad. Esta securitización de las migraciones, que no es nueva, se percibe en un lenguaje en el que se repite sin cesar la palabra “ilegal” (que la anterior comisaria de Interior, Malmstrom, había trabajado para erradicar), pero también en las propuestas que se incluyen en las conclusiones. Las más controvertidas han sido sobre los centros de acogida para personas refugiadas. En esto, se distinguen dos tipos de centros. En primer lugar, aquellos que pudieran servir como primera acogida, para identificar y atender a las personas solicitantes con un periodo de tiempo máximo para luego distribuirlos entre los distintos EEMM. Esta propuesta, de carácter voluntario, no deja de ser un brindis al sol, porque propone que los estados miembros puedan hacer algo que ya podrían hacer si quisieran. De hecho, crear estos centros, que podría ser una traslación a nivel europeo del modelo alemán, requiere de solidad interna, la gran ausente en todo este debate migratorio. Sin la misma, se puede repetir el fracaso del modelo de centros de ‘retención’ tipo hotspots, que no solo no han servido para alcanzar los acuerdos de reubicación acordados por los Estados miembro, sino que se han convertido en una vergüenza de vulneración de derechos en territorio europeo y un ejemplo claro de cómo los socios han abandonado a Italia y Grecia a su suerte, con resultados lamentablemente ya conocidos.
Alarmante porque el segundo tipo de centros que se pide estudiar, las plataformas regionales de desembarque, parecen querer emular el modelo de asilo off-shore australiano, que básicamente ha servido para acumular informes de vulneración de derechos de las personas allí retenidas, y una clara vulneración del Derecho Internacional Público, en el que el concepto clave de non-refoulement se transforma en una especie de neo-refoulement, en el que efectivamente no se devuelve a nadie al país del que huye, pero se lo deja en un limbo jurídico en el que tampoco se protegen sus derechos ni se le ofrece la oportunidad de empezar una nueva vida. Estas plataformas, cuya implementación no estará exenta de problemas prácticos, presentan principalmente un dilema ético, porque además de no proponer soluciones en el medio y largo plazo, supone desconstruir el marco de derechos en el que sustenta el proyecto europeo.
Decepcionante, especialmente para aquellos quiénes creen en el proyecto europeo. Buscar soluciones europeas requiere de liderazgo y voluntad política, y buscar consensos en posiciones que se perciben cada vez más como antagónicas. Entrar en una cumbre esperando soluciones compartidas que refuercen principios clave como la solidaridad, y salir con una propuesta tibia que deja en manos de los estados –como hasta ahora– la respuesta a las dinámicas migratorias, no deja de ser una (nueva) oportunidad perdida. Cuando claramente se ha visto que las soluciones nacionales individuales no permiten avanzar ni ofrecen respuestas a los retos a los que nos enfrentamos, las palabras vacías no sirven para mucho.
En las conclusiones, además, se echan de menos propuestas resolutivas, que busquen cambiar las dinámicas existentes. No se profundiza en la colaboración con los países de origen y tránsito migratorio, que es imprescindible para corresponsabilizarse en la gestión de flujos. No se proponen ideas innovadoras en relación con el asilo (romper la territorialidad nacional del mismo; consolidar la distribución obligatoria, etc.). No se proponen alternativas a la falta de vías regulares para acceder a territorio europeo como la existencia de los visados temporales, de búsqueda de trabajo, los contingentes, etc. Debates en los que podríamos discrepar, pero que como mínimo tendrían impacto en la gestión de flujos de un modo más eficiente que el mero control de fronteras. Y tampoco se plantean cuestiones clave como la necesidad de trabajar para resolver conflictos cronificados que explican la existencia de personas refugiadas que huyen de la inseguridad y la violencia.
Todo aquello que falta viene a abonar la desgestión del fenómeno migratorio que hemos presenciado en los últimos años. Y que nos ha dejado un panorama preocupante, en el que las falsas expectativas de soluciones que proponen los partidos populistas y euroescépticos se han tintado de xenofobia, a la vez que caminan hacia vulneraciones de derechos cada vez más alarmantes y deshacen progresivamente los principios sobre los que se ha construido el proyecto europeo. Y sin respeto a todo ello, lo que nos espera a todos es un escenario menos garantista y más inseguro. Hoy más que nunca, reclamar más y mejor Europa ha dejado de ser un brindis para convertirse en una necesidad. Si no se reconoce que no estamos ante una crisis migratoria (aunque hay mucho que hacer y mejorar en este sentido) sino ante una crisis política; sino se da la vuelta a la situación, podemos vernos arrastrados a repetir tiempos oscuros, en cuya superación está la razón de ser del proyecto europeo.
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