3. Soberanía digital o ley de la selva: la Unión frente a X y las Big Tech

26º BOLETÍN INFORMATIVO «EUROPA SE MUEVE» 21/12

TIEMPO DE RESISTENCIA: EUROPA DISPUTA SU AUTONOMÍA

SOBERANÍA DIGITAL O LEY DE LA SELVA: LA UNIÓN FRENTE A X Y LAS BIG TECH

Madrid, 21 de diciembre de 2025

Álvaro Márquez, Colaborador del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.

Europa ha decidido dejar de pedir permiso en el terreno digital. La sanción a X no es solo una multa, sino una declaración de intenciones frente a quienes creen que las plataformas están por encima de la democracia. Entre amenazas, desinformación y ataques al propio proyecto europeo, la UE se enfrenta a un poder que no se presenta a elecciones, pero condiciona la política global. Lo que está en juego va mucho más allá de Twitter: es quién gobierna el espacio público del siglo XXI.

La Unión Europea ha vuelto a demostrar que su apuesta por la soberanía digital y el control democrático de las plataformas globales no es una declaración retórica, sino una política con dientes. El pasado 5 de diciembre de 2025, la Comisión Europea impuso una multa de 120 millones de euros a la plataforma X (antiguamente Twitter) propiedad de Elon Musk, la figura polarizadora del capitalismo tecnológico contemporáneo. Esta sanción, la primera aplicada bajo el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) que es el marco legal más ambicioso para regular el espacio digital a escala global, marca un punto de inflexión en la batalla entre la UE y las élites de la Big Tech.

La decisión de la Unión se produce tras dos años de investigación en los que la Comisión examinó si X violaba obligaciones fundamentales de transparencia y protección de los usuarios europeos. El núcleo de las acusaciones se centró en tres prácticas que vulneran la DSA: el uso “engañoso” del distintivo azul de verificación, el cual ahora es vendible a cualquier usuario sin verificación real, así como la falta de transparencia publicitaria y la negativa a proporcionar acceso a datos para investigación independiente. Según los responsables europeos, estas prácticas no solo incumplen la normativa, sino que ponen en riesgo la capacidad de los ciudadanos para discernir la autenticidad de fuentes y contenidos en un ecosistema saturado de desinformación y manipulación algorítmica. 

Esta sanción no se entiende como un mero castigo económico, simboliza una clara apuesta política de la UE por reglas comunitarias que prioricen derechos, transparencia y seguridad sobre la lógica extractiva y opaca de las plataformas dominantes. Aunque 120 millones pueden parecer “insignificantes” a comparación de multas multimillonarias que le preceden, su importancia radica en que Europa ha sentado jurisprudencia bajo un marco que aspira a convertirse en estándar global para la gobernanza del espacio digital. 

Como era esperable, la reacción de Elon Musk fue inmediata, visceral e ideológicamente cargada. Tras el anuncio de la multa, Musk respondió desde su propia plataforma con un simple pero contundente “Bullshit”, y días después fue más allá: afirmó que “la UE debería ser abolida” y que la soberanía debería volver a los estados nacionales para que “gobiernen mejor a sus pueblos”. Este tipo de declaraciones no son simples salidas de tono: forman parte de un discurso tecnológico-político más amplio que propone deslegitimar instituciones que intentan regular el poder transnacional de los gigantes digitales. Musk, al alinearse abiertamente con voces del actual establishment político estadounidense, particularmente con sectores republicanos críticos con la regulación europea, dibuja un horizonte en el que la globalización digital avanza sin contrapesos democráticos y donde las instituciones europeas se convierten en blanco de ataques ideológicos y políticos. 

Contextualizando, esta tensión no surge de la nada sino que desde hace años, la UE ha sido un actor pionero en la legislación digital, diseñando marcos como el DSA o la Ley de Mercados Digitales (DMA) con la ambición de proteger consumidores y mercados frente al poder de las plataformas tecnológicas. A su vez, Washington ha interpretado con frecuencia estas normas como trabas regulatorias discriminatorias, lo que ha escalado hasta amenazas de contramedidas económicas; en diciembre de 2025, la administración estadounidense advirtió de posibles respuestas si Europa continuaba adoptando medidas que supuestamente “perjudican las empresas estadounidenses”. 

La sanción a X se enmarca en un conflicto regulatorio que Europa ha venido librando con los gigantes tecnológicos desde hace más de una década. En materia de competencia, Google ha sido objeto de multas antimonopolio por un total acumulado que supera los 11.000 millones de euros por prácticas como autopreferencia en publicidad o enlaces propios que distorsionan mercados digitales. De forma paralela, bajo el nuevo Digital Markets Act, tanto Apple como Meta fueron multados en 2025 con 500 y 200 millones de euros, respectivamente, por prácticas que limitaban la competencia y los derechos de los usuarios en sus ecosistemas. Además, casos de GDPR han supuesto sanciones significativas por vulneraciones de privacidad, como cientos de millones de euros a Meta por brechas de datos personales. 

Más allá de cifras, estas medidas simbolizan una estrategia normativa intransigente que busca frenar la acumulación de poder económico y de información en manos de unas pocas corporaciones transnacionales. Europa apuesta por la competencia efectiva, la transparencia algorítmica y la protección de derechos fundamentales, incluso cuando estas políticas desencadenan tensiones geopolíticas con potencias como Estados Unidos.

La sanción de la UE a X y las respuestas de Musk, desde la trivialización de las obligaciones regulatorias hasta el ataque a la propia arquitectura institucional del proyecto europeo, son un síntoma claro de una batalla más amplia: la disputa por la soberanía digital. Ya no se trata únicamente de quién provee o administra servicios tecnológicos, sino de quién define las reglas bajo las que se construyen nuestras comunidades de información, interacción y deliberación pública.

Si la UE cede terreno ante los cantos de sirena del “libre mercado” sin regulación estricta, se arriesga a que su espacio público digital sea moldeado por intereses corporativos con lógicas extractivas y sin responsabilidad democrática. En cambio, si Europa consolida su capacidad normativa y la defiende frente a ataques externos, no solo protege a sus ciudadanos, sino que modelo legal y ético se proyecta hacia el mundo, ofreciendo una alternativa al orden hegemónico anglosajón de Big Tech.

La multa a X no es solo una batalla, es un recordatorio: el proyecto europeo no renuncia a regular el futuro, incluso cuando gigantes globales intentan convertirlo en un “monstruo burocrático” a abolir.