Preservar el modelo social europeo

Jean Claude Juncker afirmó ante el Parlamento Europeo, al presentar su programa de gobierno, que su tarea esencial consistía en “reconstruir los puentes en Europa después de la crisis” y “restablecer la confianza de los ciudadanos europeos”. Este ha sido el mandato de la mayoría parlamentaria que lo apoya y ésta ha de ser la labor de la legislatura que acaba de comenzar.

La crisis, desde luego, es el telón de fondo. Y su intensidad y duración ha provocado indeseables efectos sociales, aunque haya golpeado de manera diferente a los distintos países. Por eso, la dimensión social de la crisis ha de situarse en el primer plano de la agenda que instituciones europeas y Estados miembros han de elaborar y poner en marcha con urgencia.

Algunos han defendido que el llamado “modelo social europeo” ha entrado en una crisis irreversible. Otros, que predican “otra Europa”, plantean objetivos incompatibles con la economía social de mercado, que es la base de la Constitución económica de la Unión Europea. Los euroescépticos pretenden que la Europa unida  renuncie a impulsar  políticas sociales y que éstas sean coto cerrado de cada Estado. Hay quienes simplemente niegan que exista un “modelo social europeo”, que sería invención de una literatura carente de rigor, habida cuenta de las diferencias existentes en los diversos países.

Creo, sin embargo, que, más allá de las disputas académicas, hay un fondo de realidad en la construcción europea, que nos permite hablar del “modelo social europeo” como una parte importante del acervo comunitario, si entendemos este concepto no sólo como el conjunto normativo de la Unión, adquirido progresivamente, sino como la experiencia compartida de los países que forman parte de la comunidad europea.

El “modelo social europeo” no es propiedad de ninguna corriente política de las familias que componen el pluralismo  europeo.  Nadie posee su patente. Nació de la confluencia de preocupaciones y planteamientos de políticos, economistas y líderes sociales, que coincidían en el propósito común de edificar, en aquella Europa todavía en situaciones precarias, una economía con rostro humano y una sociedad en la que, junto a las libertades clásicas, se fueran abriendo paso los derechos sociales, que fueron incorporándose a las Constituciones de los Estados miembros. Difícilmente se podría negar que el Estado social de Derecho  es el denominador común del sistema constitucional con el que se han dotado las democracias europeas.

Este modelo presenta algunos rasgos esenciales: unas relaciones laborales, que pretenden equilibrar las posiciones de patrones y trabajadores; un sistema de previsión social, que asegure unas pensiones para la vejez, con un modelo de pensiones públicas basado en la solidaridad entre generaciones; un sistema de seguridad social, que impida el desamparo de quienes viven situaciones de especial dificultad (accidentes, enfermedad, desempleo); unas políticas que protejan a la familia y la ayuden a cumplir sus funciones básicas, que se traducen, entre otros aspectos, en procurar la compatibilidad entre la vida familiar y laboral; unas políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, a cuyo fin la educación se concibe como un servicio esencial de interés general.

¿No tenemos que constatar que este modelo ha sido un éxito en la historia de la construcción europea? ¿No debemos admitir que para  los europeos, los del norte y los del sur, constituye uno de los valores más preciados? ¿Los europeos, que lo fueron edificando con su trabajo y con su esfuerzo, no desean transmitirlo a sus hijos como uno de los legados más preciosos?

Tenemos que reconocer, sin embargo, los cambios experimentados en la sociedad europea: desde los de carácter demográfico hasta las transformaciones económicas en un mundo abierto y globalizado, que impide la concepción de Europa como fortaleza. Estos son los nuevos desafíos, que nos obligan a repensar el “modelo social europeo” para adaptarlo a las nuevas condiciones y para mejorarlo con ambición.

Nuestra idea es que esa ineludible tarea, que exige responsabilidad, generosidad y altura de miras, no debe emprenderse por cada Estado sino ha de promoverse a escala europea. No es concebible una Europa política que no asuma como centro de su atención la Europa social. Por eso, impulsar un nuevo Pacto social de dimensión europea es el objetivo que deberían proponerse las fuerzas políticas que forman la actual mayoría parlamentaria en Bruselas. Serían, así, fieles a lo que hicieron sus predecesores.  Y sería, también, la mejor forma de recuperar el alma europea, sus valores humanistas y la confianza de sus ciudadanos.