La nueva política económica europea Doménec Ruiz Devesa

Es evidente para la mayoría de los observadores objetivos Europa lleva desde que estallara la crisis financiera de 2008 inmersa en un ciclo de recesión y estancamiento económico caracterizado por el alto desempleo, particularmente agudo en los llamados países periféricos.

Ante una crisis de demanda de esta magnitud, lo lógico es aplicar políticas keynesianas de estímulo. Así se ha hecho en Estados Unidos, país que ha logrado tasas de crecimiento más elevadas que la Unión Europea, al tiempo que ha evitado recaer en la recesión. Europa, y en particular la Eurozona, ha priorizado el ajuste fiscal en lugar de la lucha contra el paro. La reducción de los déficit fiscales se ha concretado en un menor crecimiento económico y en la reducción de los servicios del Estado del Bienestar, lo que ha redundado en más desempleo, y por el momento, en niveles más elevados de deuda pública.

Puede decirse que la UE ha optado por asegurar la estabilidad financiera, poniendo a salvo el logro histórico del euro, como precondición del crecimiento económico. Es cierto que no se puede recuperar la economía en un contexto de ataques especulativos y de debilidad de las deudas públicas de países clave de la Zona Euro. Ahora bien, lo cierto es que la política de ajuste fiscal a ultranza no ha sido determinante en asegurar la estabilidad financiera, sino el giro dado por el Banco Central Europeo (BCE) a partir del verano de 2012, cuando se mostró dispuesto a hacer ¨todo lo que sea necesario¨ para sostener al euro. Esta política de la claridad le ha permitido al BCE aplicar al mismo tiempo un programa de tipos de interés en el entorno del o por ciento que en circunstancias normales supondría más bien una amenaza a la estabilidad financiera.

En cualquier caso cada vez hay en las instituciones europeas un consenso mayor respecto de la necesidad de poner en marcha políticas de estímulo al crecimiento y al empleo. El problema reside en el hecho de que en teoría los estados miembros deben continuar en la senda de ajuste fiscal hasta alcanzar el 3 por ciento de déficit público sobre el Producto Interior Bruto, al tiempo que la Unión Europea tiene un presupuesto limitado, por primera vez inferior al del último septenio en términos nominales, y pocos mecanismos para activar una política europea anti cíclica. El Consejo Europeo debe tomar una decisión: o bien se flexibiliza el ajuste fiscal para que los estados puedan invertir y crear puestos de trabajo, o bien se permite que la Unión Europea lance un gran plan de inversiones públicas y privadas fuera de presupuesto,  o bien una combinación de ambas.

En concreto Alemania tiene que reflexionar si prefiere relajar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) o bien apostar por encargar a la UE la tarea de poner en marcha la política contra-cíclica. Seguramente prefiera lo segundo, porque además el PEC no se aplica a la Unión. El Tratado de Maastricht no impide a la UE endeudarse, sino que le impone el equilibrio presupuestario anual, lo que no es lo mismo.

La respuesta europea en todo caso se encuentra  envuelta en la incertidumbre, aun cuando el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ha anunciado un plan de inversiones por valor de 300.000 millones de euros, condición impuesta por el Partido Socialista Europeo para poyar su investidura.

Sin ampliar los recursos propios de la unión, como propone la Iniciativa Ciudadana Europea del New Deal 4 Europe , la cual propone destinar a un plan europeo de desarrollo sostenible y empleo dotado con 400.000 millones euros la recaudación de la Tasa Tobin y del impuesto sobre el carbono, cualquier plan e inversiones es poco creíble.  Porque sin una hacienda europea no es verosímil que la Comisión Europea pueda endeudarse  en una cantidad suficiente como para financiar el plan de inversiones fuera del actual presupuesto comunitario.

La alternativa consiste en financiar el plan de inversiones propuesto por Juncker a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), pero en tal caso esta institución tendría que ampliar su capital, lo que requiere nuevas aportaciones de los estados, los cuáles como se decían se encuentran en un proceso de consolidación fiscal. Para sortear esta dificultad podría encargarse al BCE que comprara los bonos emitidos por el BEI, pero esto no garantiza que el banco de desarrollo de la UE mantuviera su máxima calificación crediticia.

Por último, cabe crear un nuevo fondo de naturaleza intergubernamental cuya finalidad sería financiar inversiones pero que a diferencia del BEI no otorgaría los fondos a los estados nacionales sino que los administraría directamente, al tiempo que podría otorgar garantías para proyectos de inversión privados. Esta posibilidad es interesante en tanto en cuanto adopta una perspectiva claramente europea en comparación con los fondos estructurales y de cohesión. Pero al igual que en el caso de la ampliación de capital del BEI, esta solución requiere aportaciones de los estados.

Desde la perspectiva europeísta y federalista europea es necesario vincular el plan de inversiones a la batalla por los recursos propios. De este modo la política contra cíclica europea será creíble, al tiempo que se refuerza el proceso de integración económica y política. Si se ha dicho históricamente que no debe haber impuestos sin representación, tampoco puede haber representación sin impuestos. La credibilidad del conjunto del proyecto depende de la existencia de impuestos, hacienda y deuda pública europeos.

Al mismo tiempo, el llamado Plan Juncker, con independencia del origen de su financiación, debe gestionarse como un programa europeo, quiere esto decir, no puede convertirse en un nuevo tipo de fondo estructural que se reparte entre los estados. El plan de 300.000 millones de euros a tres años es en cualquier caso de un montante insuficiente para tener un fuerte impacto macroeconómico. Sería necesario que se alcanzara dicha cantidad pero en un mismo ejercicio fiscal. Pero en cualquier caso el dinero debe destinarse a proyectos de alta calidad e intensivos en generación de empleo, por lo que el protagonismo de la Comisión Europea es fundamental para asegurar la correcta evaluación de las inversiones públicas.

El reto del Movimiento Europeo Internacional es doble. Por un lado, promover la reforma de los Tratados a través de una Convención para culminar la unión fiscal y política. Por otro, el plan de inversiones es fundamental para que la ciudadanía recupere la confianza en el proyecto de construcción europea. El primer objetivo es inalcanzable en tanto en cuanto continúe la crisis económica, ya en su séptimo año, máxime cuando la Eurozona se encuentra al borde de una tercera recesión y en un contexto de espiral deflacionaria. Por tanto es responsabilidad de los europeístas asegurar el éxito de la política contra-cíclica europea aportando ideas sobre cómo financiarlo y promoviendo las propuestas más adecuadas. De lo contrario seguirá creciendo el apoyo a las fuerzas políticas nacionalistas, populistas, euroescépticas y eurófobas, poniendo en riesgo la mera existencia del euro y de la Unión Europea.