El resultado del referéndum británico sobre el Brexit ha producido una convulsión en toda Europa, con posibles grandes efectos económicos, políticos y sociales, que ya han comenzado a sentirse en poco más de dos semanas. No cabe duda que este resultado está generando un gran problema para la Unión Europea, en esta triple perspectiva económica, política y social. Pero sin embargo abre una oportunidad para el proyecto europeo.
No debemos olvidar que el Reino Unido ha tenido siempre una posición distante respecto a los avances federales que se han ido produciendo en el proyecto europeo. Esto ha sido especialmente visible a lo largo de la VIII Legislatura (2014-2019), donde desde el comienzo de la misma tuvieron una posición contraria al desarrollo de los avances que implicaba el Tratado de Lisboa. Concretamente, el Reino unido se opuso y votó en contra de la propuesta de Juncker para Presidente de la Comisión por parte del Consejo, como consecuencia de la aplicación del Art. 17.7 del TUE por el que se disponía el nombramiento del Presidente de la Comisión Europea teniendo en cuenta los resultados de las elecciones.
A lo largo de esta Legislatura, el Parlamento Europeo y la Comisión han dado importantes avances en la aplicación del Programa Juncker en torno a un nuevo comienzo para Europa. Debido a evitar los resultados adversos del referéndum británico apenas se han divulgado. Tres ejemplos concretos: El Plan Juncker de invertir 300.000 millones de euros en tres años, que se creía una quimera, a lo largo del primer año se han invertido más de 100.000 millones de euros, es decir, más de lo previsto. Incluso en el Consejo Europeo de junio figuraba su ampliación en el orden del día.
Se ha conseguido un consenso en torno a la Estrategia Global de política exterior y de seguridad, que fue presentada en el último Consejo Europeo y en el que no se debatió ni aprobó, porque no había más tema que el Brexit. Sin embargo, implica un gran avance y una posición común en torno a la política exterior y al desarrollo de la defensa propia.
En materia de refugiados se ha llegado a un principio de acuerdo entre el Parlamento y el Consejo para modificar el reglamento en torno a la guardia de fronteras. Es una propuesta de la Comisión muy audaz, que trata de resolver el problema de la impermeabilidad de las frontera, precisamente para que siga funcionando el espacio Schengen.
Es importante resaltar que el Reino Unido, de momento, no ha salido de la Unión Europea, ni siquiera ha solicitado su retirada en aplicación del Art. 50 del Tratado de la Unión Europea. La decisión en torno a qué va a hacer el gobierno británico y su parlamento con estos resultados es algo que tendrán que decidir ellos, y que los demás ciudadanos y estados de la Unión Europea no deberíamos meternos, sino respetar sus decisiones.
Donde sí deberíamos meternos, y apenas nos estamos ocupando de ello, es qué posición común deberíamos adoptar a corto y medio plazo para minimizar los costes de esta decisión. A mi juicio, la cuestión es clara: se trata de reducir los efectos económicos, políticos y sociales negativos y que las políticas a adoptar vayan dirigidas a evitar la desconexión de los ciudadanos británicos y de la Unión Europea, con la mirada puesta en el objetivo de dejar preparado el sitio para que vuelvan.
Para ello, la negociación que debe llevar a cabo la Comisión Europea deberá estar dirigida a buscar un estatuto privilegiado de país no miembro, que implique mantener todas las ventajas que tenemos el conjunto de ciudadanos europeos, incluidos los británicos, menos la participación en las instituciones, que entiendo que es el núcleo central de la retirada. Es decir, en pocas palabras, lo contrario de lo que dice la opinión mayoritaria de nuestra opinión pública. Por ello, no cabe decir “que se fastidien, que a lo hecho pecho”…
Por tanto, de lo que se trata es que todos los miembros de la Unión Europea sigamos participando en las ventajas de nuestra ciudadanía común, por ejemplo, nadie se tendrá que marchar del Reino Unido ni casi un millón de británicos que viven en España, el doble de lo oficialmente reconocido, cambie su situación. Por ejemplo, que siga funcionando el Espacio Europeo de Educación Superior y el Erasmus.
Se trata de que sigan perteneciendo al mercado interior, incluida la libre circulación de personas (si bien corrigendo los excesos que se hubieran producido). Que sigan contribuyendo al presupuesto comunitario, del que tanto se quejaban, pero que vistos los efectos tremendos que está produciendo la salida son una minucia. Así lo recordaba en el pleno del Parlamento Guy Verhofstadt, en el que decía que el coste de su aportación al presupuesto comunitario a lo largo de varios años era muy inferior a la pérdida en horas que se estaba producido como consecuencia de la caída de la bolsa británica, la divisa, y otros efectos económicos.
A esta propuesta se podrá argumentar que eso no lo van a querer por ningún lado. Sin embargo, eso ya lo veremos, ya que han cambiado las circunstancias completamente. Hasta ahora, el Reino Unido ha estado chantajeando durante décadas, especialmente en los dos últimos años, con la Bomba del Referendum. Cuando ésta ha estallado, la bomba ha dejado de tener efectos sobre el poder de negociación británico. Ahora no tienen ninguna capacidad de negociación, y van a tener que aceptar en gran medida lo que se ponga por delante. Por tanto, ahora, incluso, hay que ayudarles en la búsqueda de una salida negociada, la mejor para todos.
Un tema capital es el de Escocia. Nuestro gobierno, el Presidente Rajoy, ha adoptado la doctrina de la política de dureza, “a Escocia ni agua”. A mi juicio, la respuesta debe ser claramente la contraria. Si lo que se quiere conseguir es que no convoquen el referéndum en Escocia para salirse del Reino Unido, como consecuencia de los efectos negativos de la posible salida de la Unión Europea, lo que hará falta es que se sientan cómodos, confortables, como el resto de los ciudadanos de Gran Bretaña, y por tanto, lo que habrá que hacer es no sólo darles agua, sino darles cava.
Lo que hace falta es que se adopten las políticas que lleven al conjunto de los ciudadanos británicos a continuar, o en su caso, a volver a la unión Europea y que en el futuro se sientan a gusto y no se les vuelva a ocurrir, a sus gobiernos y a sus élites, hacer chantajes que perjudican a la ciudadanía europea en su conjunto. Su gobierno y sus élites van a sentir no estar en las instituciones que tanto que tanto han repudiado. Lo que no tiene sentido es que los errores los paguen los ciudadanos de Gran Bretaña y del resto de la Unión Europea.
Por último, en estos aproximadamente tres años escasos que quedan de Legislatura, que es lo que tardará, en su caso, en resolverse la negociación de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, la Unión Europea debe aprovechar no sólo para divulgar lo ya conseguido, sino también avanzar a lo largo de la legislatura, tomando decisiones valientes en cuestiones estratégicas en la lógica federal, como puede ser en desarrollar la unión bancaria y la unión fiscal, avanzar en la política de defensa con la puesta en práctica de la cooperación estructurada permanente, continuar con la aplicación, por ejemplo, del proyecto de guardia de fronteras y aprobar la propuesta de la comisión sobre la reforma de derecho al asilo, ya presentada hace meses en el Parlamento Europeo, donde se plantea la puesta en marcha de una agenda federal de asilo.
Sobre todo, habrá que llegar a un acuerdo entre la mayoría de las fuerzas políticas más representativas de la Cámara, para que se consiga acercar el proyecto europeo a la ciudadanía europea, visualizándose que los propietarios del proyecto europeo son los ciudadanos, y que las reformas constitucionales hacia una integración diferenciada de inspiración federal se hacen para resolver las necesidades de la ciudadanía.
Hay que superar la idea de que los amos de los Tratados son los estados. Estos tres próximos años “de vacaciones” del Reino Unido tienen que servir para poder terminar de poner el tejado político, o al menos parte de él, pensando siempre que el Reino Unido debe volver, pero sin privilegios. Por todo ello, habrá que preparar una reforma constitucional en la que el proyecto no esté sólo en manos de los estados, sino que habrá que dar el “gran paso” para que esté también en manos de los ciudadanos.
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