2016 va a ser el año del referéndum del Brexit o el Britin. Se ve que a Cameron le gusta jugar con fuego. No salió, es verdad, malparado de su referéndum escocés, aunque sus secuelas todavía enturbian la vida política británica. Ahora va a jugar, de nuevo, a la ruleta rusa con un objetivo confesado a medias: permanecer en la Unión Europea con un status particular y condicionar el futuro de la Unión, frenando los avances hacia la Unión Política, que –la crisis lo ha demostrado- necesita imperiosamente la Europa integrada.
Un enjundioso informe de Jean-Claude Piris, Director General del Servicio Jurídico del Consejo de la Unión durante 22 años, muestra con datos incontestables que todos los escenarios posibles derivados de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (contempla hasta siete escenarios) serían perjudiciales a los intereses comerciales y financieros del Reino Unido y causarían trastornos negativos a muchos de sus ciudadanos. La pérdida de la ciudadanía de la Unión no es una cuestión baladí, aunque se trate de súbditos del periclitado imperio británico. Los viejos oropeles ya no sirven en el siglo XXI, aunque muchos paseantes del Támesis se resistan a enterarse.
El interés del informe de Piris es que todo él se fundamenta en que la Unión Europea es una comunidad de Derecho. Hasta ahora la Unión ha sido fiel a esta concepción, que está en sus entrañas desde sus mismos orígenes y que constituye uno de sus patrimonios más valiosos. Y esa condición de la Unión obliga a que cualquier solución debe hacerse con escrupuloso respeto a los Tratados y a las reglas de las que se ha dotado. Sería un error mayúsculo buscar atajos, proponer “soluciones imaginativas”, que forzasen el ya consolidado ordenamiento jurídico de la Unión. Precisamente ahora más que nunca Europa necesita fortalecerse como comunidad de Derecho. De lo contrario se emprendería un camino peligroso que conduciría a engordar las tendencias centrípetas.
Por esta razón la negociación de la que va a tratar la próxima cumbre de Bruselas, a partir de las demandas ya expuestas por Cameron, es crucial y las autoridades comunitarias y los líderes de los Estados miembros deben ser conscientes de lo que se juega la Unión. A nadie le interesa ciertamente que se produzca el Brexit, pero el precio no puede ser un desmantelamiento del acervo comunitario ni un freno a las reformas que, en el marco del Tratado de Lisboa, necesita emprender la zona euro, como lo ha puesto de relieve el Informe de los cinco Presidentes. Las
“cuatro libertades” son irrenunciables y tampoco se puede debilitar la zona euro. Draghi lo dijo con claridad ante el Parlamento europeo: el euro es la moneda de la Unión y eso no lo pueden poner en cuestión los Estados que están fuera de la Unión Monetaria.
En todo caso, la negociación inevitablemente desembocará en un escenario de una Unión Europea “a dos velocidades”, en el marco de las “cooperaciones reforzadas” que contemplan los Tratados. La zona euro necesita más armonización fiscal y presupuestaria, mayor convergencia de sus políticas económicas y mayor cohesión social con el fin de convertirse en un espacio monetario óptimo. Es lo que no puede impedir ni condicionar el Reino Unido. Y eso es lo que hay que hacer sin demora en los próximos tiempos. El referéndum británico nunca puede ser aceptado como un chantaje, que dé alas a los euroescépticos.
Los europeístas deben hacer oír su voz con fuerza en este debate ante sus opiniones públicas e influir en las fuerzas políticas parlamentarias. El Movimiento Europeo, como en otros momentos en la historia de la construcción europea, ha de estar en la vanguardia de la defensa del bien común europeo, que ahora reclama no detenerse en las reformas hacia una mayor Unión Política.
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