Madrid, julio de 2026
Lucía Fondón,
Graduada en Ciencias Políticas y Máster de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos
Donald Trump ha reavivado las tensiones entre EE.UU. y la Corte Penal Internacional, especialmente tras las órdenes de detención emitidas contra dirigentes israelíes. Este enfrentamiento plantea importantes preguntas sobre el futuro de la justicia penal internacional, la defensa del multilateralismo y el compromiso de la UE con un orden internacional basado en normas.
El regreso de Donald Trump al centro de la política internacional ha venido acompañado de una renovada confrontación con algunas de las principales instituciones multilaterales. Entre ellas, la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, se ha convertido nuevamente en uno de sus principales objetivos. Las recientes declaraciones y medidas impulsadas por la Administración estadounidense reabren un debate de enorme relevancia para la comunidad internacional sobre qué ocurre cuando una gran potencia cuestiona el funcionamiento de los mecanismos creados para garantizar la justicia internacional.
La relación entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional nunca ha sido sencilla. Aunque el país participó en las negociaciones del Estatuto de Roma de 1998, nunca llegó a ratificarlo y, por lo tanto, no forma parte de la Corte. Durante su primer mandato, Trump ya adoptó una postura especialmente hostil hacia la institución, llegando incluso a imponer sanciones contra miembros de la Fiscalía de la CPI por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán. Aunque estas medidas fueron revocadas por la Administración Biden, el regreso a la Casa Blanca de Trump, ha supuesto un endurecimiento del discurso contra el tribunal.
La nueva ofensiva responde, principalmente, a la emisión de órdenes de detención por parte de la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con el conflicto en Gaza. El presidente Trump ha calificado estas actuaciones como un ataque político contra un aliado estratégico de Estados Unidos y ha defendido la imposición de nuevas sanciones contra funcionarios de la Corte, así como restricciones económicas y de visado para quienes colaboren con ella.
Estas medidas trascienden la relación bilateral entre Washington y La Haya. El verdadero impacto está en el mensaje que transmiten al sistema internacional, dado que la legitimidad de la justicia penal internacional depende, en gran medida, del respaldo de los Estados y del respeto a la independencia judicial. Cuando una potencia de la relevancia de Estados Unidos desacredita públicamente a la CPI o amenaza con represalias contra sus jueces y fiscales, se debilita la capacidad del tribunal para ejercer su mandato con eficacia y se alimenta la percepción de que la aplicación del derecho internacional depende de intereses políticos y no de principios jurídicos universales.
Desde la perspectiva europea, la situación adquiere una especial importancia, porque la Unión Europea ha sido uno de los principales defensores de la Corte Penal Internacional desde su creación, considerándola un instrumento esencial para combatir la impunidad de los responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En un contexto internacional cada vez más marcado por la competencia geopolítica y el cuestionamiento del multilateralismo, el respaldo europeo a la CPI constituye también una defensa del orden internacional basado en normas.
El enfrentamiento entre Trump y la CPI refleja una tensión cada vez más visible entre quienes defienden un sistema internacional sustentado en instituciones comunes y quienes priorizan una concepción estrictamente soberanista de las relaciones internacionales. El futuro de la justicia internacional dependerá, en gran medida, de la capacidad de los Estados para proteger la independencia de organismos como la CPI frente a las presiones políticas. En un momento de creciente polarización global, preservar la credibilidad de estas instituciones resulta imprescindible para garantizar que la rendición de cuentas siga siendo un principio aplicable a todos, con independencia de su poder político o militar.
Comments are closed