Europa contra el coronavirus: la respuesta de las instituciones

La crisis global de salud pública que vivimos por la amenaza del COVID-19 se ha mostrado en toda su crudeza como la mayor amenaza que sufre Europa desde la II Guerra Mundial, justo cuando se cumplen 70 años de la Declaración de Schuman. Nuestra forma de vida, nuestro sentido de la paz y la seguridad como sociedades avanzadas y de bienestar se está viendo en riesgo por la incertidumbre que está provocando el virus a nivel sanitario y por el consiguiente parón económico y el aumento del desempleo. Al igual que en 1950, nuestra ambición debe estar a la altura de los desafíos (y amenazas) del tiempo presente.

 Una vez más, como pasó en la gran crisis financiera y económica iniciada en el verano de 2007, se demuestra que los estados nación, por sí solos, no son espacios de gobernanza suficientes para hacer frente a un reto de estas proporciones.

En este contexto, la Comisión y el Parlamento Europeo no han parado (del todo), mientras que el Consejo ha acusado la división entre países más saneados fiscalmente (y menos afectados por el virus) y los demás. El 26 de marzo de 2020 se reunió el Pleno, por primera vez en su historia sin la presencia física de la mayor parte de los diputados, para aprobar las primeras medidas presentadas por la Comisión Europea para hacer frente a esta crisis. En concreto tres cuestiones acapararon el orden del día y contaron con una mayoría abrumadora para su puesta en marcha.

Se modificó el Reglamento para la asignación de las franjas horarias en los aeropuertos de la Unión. Esta medida busca una mayor flexibilidad en las obligaciones de las aerolíneas en la utilización de las franjas horarias en los aeropuertos. Con esta medida se conseguirá evitar temporalmente los vuelos fantasmas evitando un impacto mayor en el sector de la aviación que está siendo duramente afectado por esta crisis.

Se aprobó un Reglamento de apoyo a los Estados Miembros y a la ciudadanía en lucha contra el coronavirus. Gracias a esta medida se pondrán a disposición 37.000 millones de euros de los fondos comunitarios para luchar contra las consecuencias de la pandemia y dotar a los sistemas de salud, los mercados de trabajos y las pequeñas y medianas empresas de más y mejores medios.

Por último, el Parlamentó aprobó una modificación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para incluir en su ámbito de actuación, aparte de desastres naturales como terremotos o inundaciones, los riesgos y emergencias vinculados a la salud pública, poniendo de momento 800 millones de euros en este año 2020 para apoyar la asistencia sanitaria.

La Comisión también ha creado una central de compras de material sanitario, ha aplicado la flexibilidad en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y ha autorizado las ayudas estatales a empresas. Sin duda hay que dar la bienvenida a estas medidas, y por tanto apoyarlas. Pero son necesarios muchos más recursos para compensar brutal caída de ingresos y rentas a la que las empresas y trabajadores, incluyendo los autónomos, deben hacer frente, con el consiguiente aumento de la deuda de los Estados.

Desde el Grupo Parlamentario de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo se está elaborando una posición política común que de la respuesta europea y social necesaria a esta crisis, y que ya incluye la emisión de deuda pública comunitaria, respaldada por el presupuesto comunitario, que permita financiar un plan de inversión europeo a gran escala.

La Comisión Europea propone un sistema de préstamos para financiar los expedientes temporales de regulación de empleo, cuyo capital sería captado mediante una emisión de deuda pública europea, reforzada por garantías nacionales. Esto permitiría llegar a obtener unos 100.000 millones de euros, pero no más, dado el límite que impone el actual Marco Financiero Plurianual (MFP), cuando necesitamos no menos de un billón. También debe poder captarse financiación del Mecanismo Europeo de Estabilidad sin condicionalidad. Pero el MEDE puede aportar ahora unos 400.000 millones de euros.

Es por tanto necesario constituir, a corto plazo, un Fondo para la Recuperación Económica fuera (temporalmente) del presupuesto comunitario pero gestionado por la Comisión, que permita movilizar endeudamiento del orden de magnitud citado más arriba, respaldado por nuevos recursos propios, tales como impuesto al C02 en frontera, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto al plástico, el impuesto digital, una fracción de la base consolidada común del impuesto de sociedades, y los beneficios del Banco Central Europeo.

A medio plazo, hay que elevar considerablemente el techo de gasto del MFP, máxime teniendo en cuenta el efecto aritmético de la caída del PIB nominal en este ejercicio y el siguiente (por lo menos), para que permita computar la emisión de deuda comunitaria en cantidad suficiente. De momento hasta el 1,3 propuesto por el Parlamento se quedará corto. La Comisión debe proponer rápidamente un nuevo MFP con un umbral considerablemente más elevado que el 1,1 por ciento actual. Por otro lado, la deuda, en cuanto que aporta medios financieros a la Unión, debiera también incluirse oficialmente en la lista de recursos propios.

Por último, cabe ampliar el capital del Banco Europeo de Inversiones, y proponer al Banco Central Europeo que transfiera dinero directamente no solo a los bancos, sino también a los hogares de la Eurozona, para asegurar que ninguna persona se queda sin apoyo, y relanzar el consumo cuando termine el confinamiento.

En el Pleno del próximo 16 y 17 de abril de 2020, el Parlamento Europeo votará una resolución de carácter integral sobre la respuesta al coronavirus en el que los planteamientos europeístas y socialistas deben verse reforzados. Desde el punto de vista sanitario, es necesario aprovechar las herramientas con las que ya cuentan los Tratados, como el artículo 168.5 del TFUE, que prevé que el Parlamento y el Consejo, a través del procedimiento legislativo ordinario, adopten normas para adoptar medidas de apoyo contra las plagas y amenazas a la salud que afecten a varios Estados Miembros.

En una pregunta presentada a la Comisión Europea el 3 de abril de 2020, he reclamado junto a César Luena y Javi López, a la Comisión que actúe de conformidad con este artículo, ya que ofrece una base legal para lanzar la Unión Sanitaria Europea, mejorando así la coordinación entre los diferentes sistemas de salud europeos y la inversión necesaria en equipamiento sanitario. Pero esto es solo el principio. Es evidente que la salud pública debe ser una competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros. La Unión debe de tener el poder para imponer de manera armonizada medidas higiénicas, sanitarias y de distanciamiento social en el caso pandemias, como las que han adoptado algunos Estados miembros de manera unilateral y descoordinada. En este contexto se hace también necesario postergar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, alargando el período de transición hasta el año 2022.

Pero es necesario ir más allá de la emergencia sanitaria y económica, abarcando las reformas institucionales necesarias. Incluyendo una reforma de los Tratados que contemple la constitucionalización del Pilar Social (del que la Unión Sanitaria es parte), el Pacto Verde (fundamental para restaurar el medio ambiente, causa también de la aparición de nuevos virus), la fijación de algunos recursos propios, y la culminación del euro, junto al fin de la paralizante unanimidad en el Consejo (letal en emergencias como la actual: verbigracia, el fallido Consejo Europeo del 26 de febrero de 2020), y la extensión de la codecisión con el Parlamento.

Todas nuestras energías como representantes de la ciudadanía europea deben estar puestas en el apoyo a las medidas de urgencia y en la solidaridad con nuestros conciudadanos que sufren y hacen frente al coronavirus. Al mismo tiempo, es imperativo convertir esta crisis en una oportunidad para relanzar la integración política de Europa, para así hacernos más fuerte en el futuro frente a todo tipo de amenazas a nuestra seguridad, incluyendo las de salud pública, pero también las de naturaleza geopolítica.

El 9 de mayo de 2020 debe firmarse la Declaración Interinstitucional por parte de Parlamento, Comisión, y Consejo, que lance la Conferencia sobre el Futuro de Europa, ocasión que debe servir de catalizador de la Convención y la Conferencia Intergubernamental. El resultado final no puede ser otro que un nuevo pacto constitucional federal.

Bruselas, 8 de abril de 2020

Domènec Ruiz Devesa

Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo

Miembro del Comité Federal de la Unión de Federalistas Europeos y de la Comisión del CFEME