El Movimiento Europeo Español participa en las Jornadas Cívicas Europeas de Málaga

Hace una semana que finalizaron las Jornadas Cívicas Europeas 2010, a las que han asistido más de 650 personas y cuyo objetivo ha sido crear, desarrollar y animar un espacio de debate y reflexión en el que se analizara el papel que el movimiento cívico organizado (asociaciones y ONG) puede jugar en la construcción de una Europa más social así como en la consolidación de la ciudadanía europea.

La apuesta por la participación de la sociedad civil en el proyecto político europeo fue una de las principales ideas que se destacaron en el taller que coordinaba el Movimiento Europeo – “Lobbying, sociedad civil y democracia participativa: inclusión en la agenda política europea” – celebrado en el marco de las Jornadas Cívicas Europeas 2010. ‘Por una ciudadanía social europea’, que se clausuraron el domingo 9 de mayo en Málaga.

El Taller fue presidido por José María Gil-Robles y Gil Delgado, ex Presidente del Parlamento Europeo y miembro del Consejo de Honor del Movimiento Europeo. Parteciparon Francisco Aldecoa Luzárraga, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid; Carlos María Brú Purón, Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, ex eurodiputado y notario; Miguel Martínez Cuadrado, catedrático de Derecho Constitucional y de la cátedra Jean Monnet de la Universidad Complutense de Madrid; Mónica Frasssoni, Presidenta del Partido Verde Europeo. Francisca Tarazaga,  Presidenta Mujeres por Europa y miembro del Bureau del Movimiento Europeo Internacional y Nicolás Enríquez, Asesor del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, fueron los relatores.

Este encuentro dio la oportunidad de comentar las novedades del Tratado de Lisboa, del que se ha querido disimular la fuerza constitucional que va implícita en el mismo. Ciudadanos y sociedad civil hemos de exigir que se le quite el “velo” al Tratado, y participar en el desarrollo de sus posibilidades constitucionales. Este desarrollo nos lleva, necesariamente, al más potente de todos los instrumentos puestos a disposición de la sociedad civil para su participación en la agenda política del Tratado de Lisboa. Hablamos de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), por la que se podrá elevar un proyecto legislativo a la Comisión siempre que cuente con el apoyo de un millón de firmas, y cuyo borrador de Reglamento está en estos momentos sometido a debate. La configuración de este derecho tiene que ser un objetivo de participación activa por parte de la sociedad civil, ya que los actuales términos del Reglamento dejan demasiado margen a la discrecionalidad y a la “mano invisible”, tanto de las Instituciones como  de los Gobiernos nacionales, para modificar, rechazar o tergiversar la Iniciativa proveniente de la sociedad civil.

Dada la más que creciente importancia de los lobbies en la definición de la agenda política europea actual, se mencionó en esta ocasión la necesidad de su regulación y control, algo en lo que se ha fracasado ya en anteriores ocasiones. Para garantizar tanto transparencia como honestidad en el método, hemos de poder identificar exactamente quiénes son, cuáles son sus objetivos y cómo se financian, y además conseguir que dicha información esté lo más actualizada posible. Hay que ir más allá de un mero código de conducta. Porque no podemos permitir que el debate público esté sólo en manos de los Gobiernos, en ocasiones influenciados por  determinados poderes fácticos cuya guía es la maximización de sus objetivos por encima del bien común.

Entre las propuestas que pueden ser objeto de una ICE, el Presidente Carlos Mª Bru ofreció las siguientes:

• Creación de un Fondo Monetario Europeo.
• Lucha contra los paraísos fiscales.
• Instrumentos de gobernanza financiera europea y mundial.
• Tasa sobre las transacciones financieras.
• Reducción del 30% de emisiones de CO2 en 2020.
• Destinar un % del IRPF de cada Estado a la financiación de la UE, descontándolo del nacional
• Circunscripción única europea, al menos para el 20% de los escaños del PE.
• Adhesión de la UE al Convenio de DD.HH. del Consejo de Europa.
• Establecimiento explícito del principio de primacía del Derecho Comunitario.
• Declaración del 9 de mayo como día festivo en todos los EE.MM.